México ya no cuenta con reservas suficientes, accesibles y de calidad que permitan sostener un modelo energético basado en el petróleo, por el contrario, nuestro país es altamente vulnerable a los cambios en los precios globales de hidrocarburos, cuya volatilidad ha quedado demostrada ante escenarios como el de una posible recesión económica por el Coronavirus.
El brote de COVID-19 ha tenido repercusiones importantes en el sistema económico mundial. La desaceleración de la economía de China, Corea del Sur y de países europeos como Italia, hicieron que la demanda de petróleo cayera de forma importante, generando un excedente en los inventarios de crudo y por consiguiente una caída en los precios internacionales. Esto ocasionó conflictos entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, desencadenando una guerra de precios que ha llevado el precio internacional al mínimo desde la Guerra del Golfo. Lo anterior tendrá repercusiones importantes, sobre todo en las economías que dependen de la exportación petrolera como la de México, sector que representa casi una quinta parte de los ingresos nacionales.
En este contexto, queda claro que la soberanía energética -y económica- dada la estrecha relación que aún guarda en la política gubernamental, no puede seguir dependiendo del petróleo. Alcanzar una verdadera soberanía energética es muy importante para el desarrollo nacional y puede ser un elemento clave para cumplir con el objetivo -reiteradamente expresado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- de combatir la profunda inequidad que existe en nuestro país.
Poder contar con energía accesible, limpia y suficiente puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. Actualmente se calcula que más del 40% de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza energética, es decir, no cuentan con los recursos energéticos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas o bien destinan una parte elevada de sus ingresos a este rubro.
La soberanía no llegará a través de los combustibles fósiles porque como lo hemos señalado se trata de un recurso que ha disminuído considerablemente y cuyo acceso se vuelve cada vez más caro y complicado, y que por si fuera poco contribuye a agudizar la crisis medioambiental que pone a nuestro país en un alto riesgo. Esto es particularmente problemático en el sector eléctrico, debido a que la matriz funciona en su gran mayoría con gas natural que es importado de Estados Unidos, específicamente de Texas, de yacimientos no convencionales que son explotados a base de fractura hidráulica o “fracking” con implicaciones ambientales y sociales muy serias.
Es tiempo de voltear hacia otro tipo de recursos renovables que son abundantes en el territorio nacional y que resultan una oportunidad para combatir el cambio climático y al mismo tiempo combatir la inequidad en el acceso eléctrico.
México cuenta con abundantes recursos solares y eólicos, suficientes para generar el 100% de la energía consumida anualmente en el país, incluso podría existir un excedente que podría ser exportado.
Generación distribuida, la democratización de la energía y el derecho a decidir.
La transición energética hacia energías renovables presenta oportunidades muy importantes, no solo para combatir el cambio climático, sino para construir una nueva lógica en la producción de energía. En México la generación de electricidad ha sido monopolizada por el Estado y el usuario siempre ha tenido un rol pasivo de consumidor en un mercado sin alternativas. La generación eléctrica distribuida a partir de recursos solares, rompe con esa lógica de consumidores pasivos y empodera a la gente haciéndolos participar del mercado desde un rol de productor/consumidor en el cual los ahorros y eficiencias en el uso de la energía son recompensados económicamente al inyectar energía renovable a la red de transmisión.
Los precios de las energías renovables han mostrado una tendencia a la baja constante durante la última década y esta tendencia continuará con la masificación de la producción, sin embargo en el presente, el costo de instalación de un sistema fotovoltaico sigue siendo uno de los obstáculos más grandes para su acceso, es por esto que el Estado tiene que adoptar una participación proactiva en la generación de mecanismos de financiamiento para fomentar el acceso a este tipo de tecnologías, esto puede conseguirse reenfocando los recursos destinados a subsidiar la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y trasladarlo al financiamiento para la compra de estos sistemas.
Asimismo, esto abonaría a tratar de cumplir con las metas de combate al calentamiento global ya que en cuanto a metas climáticas, no se tuvo una buena acción en las administraciones anteriores y no se está teniendo una buena acción en ésta.
Desde que México suscribió los acuerdos de París de 2015, las acciones del país han sido insuficientes y nos han alejado de una trayectoria de reducción de emisiones que sea compatible con el objetivo de mantener la temperatura del planeta por debajo del 1.5° C de aumento con respecto a la época preindustrial (1850 – 1900); incluso de cumplirse los compromisos nacionalmente determinados no condicionados que el país asumió, la trayectoria de emisiones seguiría estando muy alejada de las reducciones necesarias, es por ello que la actual administración debe elevar sus ambiciones y llevar la acción climática lejos de los hidrocarburos.
Fuente:
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/4245/mexico-ya-no-es-potencia-petrolera-la-soberania-energetica-solo-posible-a-traves-de-las-renovables/
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