La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la
nueva política de la Secretaría de Energía (SENER) que limita la producción
eléctrica renovable del sector privado.
En lo
que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida
cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que la semana
pasada presentó una controversia constitucional con la clave 89/2020.
El
efecto es "que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por
el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad
en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 15 de mayo", indica este lunes la lista de notificaciones
de la SCJN.
Esta
es la primera vez que el alto tribunal reacciona a la política de la SENER.
En el
último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido este acuerdo y el
del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), publicado el 29 de abril,
tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Con el
argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema
eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas
«intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
La COFECE,
el organismo antimonopolio de México, impugnó la política de SENER ante la SCJN
porque, "violenta los principios fundamentales de competencia y libre
concurrencia ordenados en la Constitución".
En
particular, la COFECE consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133
de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.
La
SCJN admitió a trámite el recurso de COFECE el jueves pasado, aunque lo
notificó de manera pública este lunes.
Esta
medida cautelar, "surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin
perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente",
explica la notificación.
Empresarios
mexicanos expresaron alivio este lunes tras conocer la decisión de la Corte.
"Una muestra
clara de la importancia de la división de poderes en beneficio de los
ciudadanos", manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta 14 % del PIB está
en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.
Por
estas acciones peligran 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500
empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.
La
SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de SENER, que no se
ha pronunciado sobre esta decisión, aunque ha prometido una defensa legal de su
acuerdo
El Periódico de la Energía
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