Cancún, QRoo.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que en algunas comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo ingresaron a tribunales una queja contra la negativa de los jueces a suspender las obras del Tren Maya.
Aseguran que la decisión de no conceder la suspensión de las obras en lo que se resuelve el litigio atenta contra sus derechos de acceso a la justicia, derecho a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Además alegan que en caso de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos pues las obras continúan avanzando.
Dicen que de acuerdo con el Observatorio de Deforestación Neta Cero, la construcción y entrada en operación del proyecto implicará un aumento en la deforestación de 9,786 hectáreas por año.
Las comunidades convocaron este recurso a través del Cemda, quienes los han asesorado desde inicio de la lucha legal contra el proyecto.
En cuanto a la decisión que deba tomarse en la demanda presentada por el tribunal colegiado, la suspensión a instancia de parte tienen distinta naturaleza jurídica y distintos requisitos, características, consecuencias y procedimientos. “Creemos que negar la suspensión a pedido de parte dejaría sin protección a los demandantes y violaría su acceso a la justicia y sus derechos en el caso”, agregó el Cemda, en nombre de las comunidades “Hacemos un llamado a los jueces y magistradas que integran el pleno de la corte para que basen sus decisiones en la prioridad de los derechos que se creen vulnerados. Se afectará el patrimonio natural, las tierras y los territorios que habitaron los mayas y las tierras que conformaron su modo de vida”.
Aseguran que la decisión de no conceder la suspensión de las obras en lo que se resuelve el litigio atenta contra sus derechos de acceso a la justicia, derecho a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Además alegan que en caso de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos pues las obras continúan avanzando.
Dicen que de acuerdo con el Observatorio de Deforestación Neta Cero, la construcción y entrada en operación del proyecto implicará un aumento en la deforestación de 9,786 hectáreas por año.
Las comunidades convocaron este recurso a través del Cemda, quienes los han asesorado desde inicio de la lucha legal contra el proyecto.
En cuanto a la decisión que deba tomarse en la demanda presentada por el tribunal colegiado, la suspensión a instancia de parte tienen distinta naturaleza jurídica y distintos requisitos, características, consecuencias y procedimientos. “Creemos que negar la suspensión a pedido de parte dejaría sin protección a los demandantes y violaría su acceso a la justicia y sus derechos en el caso”, agregó el Cemda, en nombre de las comunidades “Hacemos un llamado a los jueces y magistradas que integran el pleno de la corte para que basen sus decisiones en la prioridad de los derechos que se creen vulnerados. Se afectará el patrimonio natural, las tierras y los territorios que habitaron los mayas y las tierras que conformaron su modo de vida”.
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