La inclinación autoritaria de Rusia ha vuelto a ser evidente con la persecución dirigida contra Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas internacionales más reconocidas en todo el mundo. El Ministerio de Justicia de Rusia ha oficialmente añadido a la ONG ecologista Greenpeace a su lista de organizaciones no deseadas, siguiendo así la decisión anunciada por la Fiscalía a mediados de mayo.
Según Moscú, la organización con sede en los Países Bajos está involucrada en "violaciones de los derechos humanos, libertades fundamentales y derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación Rusa".
La Fiscalía había declarado previamente a Greenpeace como una organización no deseada, argumentando que sus actividades "representan una amenaza para los fundamentos del orden constitucional y la seguridad" del país, según informes de la agencia rusa Interfax.
El Ministerio Público acusó a la ONG de ocultar una verdadera agenda política detrás de sus "actividades ambientales" y de realizar "intentos de interferencia en los asuntos internos del Estado", con el claro objetivo de "socavar las bases económicas" de Rusia.
Greenpeace ha respondido a la decisión de la Fiscalía señalando que se vuelve "ilegal continuar cualquier actividad en Rusia", y ha anunciado el cierre de su sucursal en el país euroasiático. En un comunicado, la organización afirma que decir que Greenpeace Rusia ha actuado en contra de los intereses de Rusia es ignorar por completo lo que la organización ha estado haciendo durante 30 años. Rechazan rotundamente las acusaciones vertidas por la Fiscalía.
En noviembre de 2022, un grupo de diputados rusos presentó una solicitud a la Fiscalía para clasificar a Greenpeace como una organización "indeseable", lo cual es el primer paso para incluir a la ONG en una lista negra que se ha ampliado en los últimos meses.
La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades de organizaciones en función de consideraciones ambiguas relacionadas con el origen de sus fondos o la actividad que realizan en el país, especialmente si se considera que su labor es contraria a los intereses del Estado o pone en riesgo la seguridad nacional.
Otras entidades humanitarias, ecologistas y defensoras de los derechos humanos, así como medios de comunicación independientes, están experimentando la misma suerte que Greenpeace. Según denuncian múltiples observadores, el gobierno ruso está eliminando cualquier forma de discrepancia política, una estrategia que también se aplica a sus propios ciudadanos.
A pesar de la creciente represión contra las ONG, Greenpeace ha mantenido su actividad en Rusia en los últimos meses y ha seguido haciendo reclamos por mayores compromisos en materia medioambiental, incluyendo denuncias sobre el estado del lago Baikal, ubicado en la región de Siberia.
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20230529/persecucion-gobierno-ruso-obliga-greenpeace-88065987
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