Ante la grave crisis que afecta al territorio, los ecosistemas y la vida del pueblo maya en la península, hoy representantes de las comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo informaron al gobierno federal sobre su decisión de declarar la Península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental. Solicitaron la implementación de medidas que frenen el deterioro social y ambiental que ha aumentado en los últimos años, afectando principalmente a los pueblos indígenas.
A través de un documento dirigido a la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Salud, que también se entregará a los gobernadores de Campeche y Quintana Roo, los representantes mayas subrayaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para abordar las serias afectaciones causadas por un modelo de desarrollo que ha conllevado pérdidas significativas de territorio y ecosistemas en la región.
La deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas y el daño a la apicultura, así como la pérdida de la certificación orgánica de la miel debido a la proximidad de granjas porcinas y avícolas, la desaparición de semillas nativas y territorios indígenas, el colapso del tejido social y el deterioro de la salud en las comunidades son consecuencias de la implementación de varios megaproyectos en la península. Estos están generando una crisis socioambiental sin precedentes, cuyos efectos pueden ser irreversibles. Esto incluye la agricultura industrial, que abarca la siembra ilegal de maíz y soya transgénicos, causando la destrucción de grandes extensiones de selva y la utilización intensiva de agroquímicos, que dañan a las abejas, impactando la polinización y destruyendo un medio de subsistencia fundamental para el pueblo maya. Estos productos químicos también dificultan la obtención de certificaciones orgánicas para la miel y limitan su precio. Asimismo, más de 800 fábricas de cerdos y aves, muchas de las cuales operan sin evaluaciones de impacto ambiental, contaminan el agua y destruyen bosques y apiarios. También se menciona el crecimiento descontrolado de concesiones mineras y la expansión inmobiliaria que invaden la costa, reduciendo las comunidades a meras colonias urbanas, lo que solo es posible por la colusión de instituciones agrarias que permiten la venta y despojo de ejidos. Además, el proyecto del Tren Maya ha causado la destrucción de cenotes y la deforestación de millones de árboles, y las cerveceras han secado y salinizado los mantos freáticos, contribuyendo a la destrucción del entorno natural y a la pérdida del territorio, así como a la aniquilación de la integridad cultural del pueblo maya.
Muchas de estas actividades y sus consecuencias han sido denunciadas por diversas vías ante autoridades administrativas, judiciales y políticas. Sin embargo, la administración federal que acaba de concluir su mandato no garantizó nuestro derecho a la libre determinación ni tomó las acciones adecuadas para abordar esta crisis socioambiental, a pesar de las numerosas insistencias por parte de los pueblos mayas. Nos preocupa que la actual Secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, no priorice la península de Yucatán, a pesar de ser la región más deforestada del país y una de las más afectadas por los megaproyectos recientes.
La solicitud de una declaratoria de emergencia socioambiental surge del análisis conjunto de las consecuencias que las actividades humanas mencionadas tienen en nuestro territorio, y se basa en la acumulación de impactos sobre nuestros ecosistemas.
Cabe recordar que el gobierno federal ya ha establecido Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, definidas a través del Programa Nacional Estratégico (PRONACES) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt. Estas regiones están identificadas como áreas geográficamente delimitadas que enfrentan un estrés sanitario y ambiental extremo y creciente debido a factores demográficos, económicos o políticos, y que se caracterizan por presentar un daño significativo a la salud humana y al medio ambiente, afectando elementos como el aire, el agua, los suelos y la biodiversidad.
La Ley General de Protección Civil también permite a los organismos que conforman el Sistema de Protección Civil declarar estados o zonas de emergencia por daños socioambientales derivados de actividades antrópicas.
Por lo tanto, existen fundamentos legales para que el gobierno federal y los gobiernos estatales implementen medidas que detengan los severos impactos socioambientales causados por los megaproyectos en la península de Yucatán, se adhieran a la declaratoria de emergencia socioambiental que hoy estamos realizando las comunidades, y establezcan todas las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar los daños causados, con el fin de revertir la grave crisis que afecta a la Península de Yucatán, y en particular al pueblo maya.
U múuk’il k’áax yéetel u t’aanil u yóol máaya wíiniko’ob way yóok’olkaabe’
La resistencia de la selva y la voz del corazón del pueblo maya.
Fuente: https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/54695/comunidades-del-pueblo-maya-presentan-solicitud-de-declaratoria-de-emergencia-socioambiental-para-la-peninsula-de-yucatan/
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