Antonella Vázquez, directora de la asociación DMAS, aseguró que luego de presentar denuncias ante los tres niveles de gobierno, con pruebas de que las obras carecen de permisos federales, estatales y municipales, se interpusieron demandas de amparo debido a la inacción de las autoridades para frenar los trabajos.
Cancún, QRoo.- La organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) consiguió que el Segundo Juzgado de Distrito ordenara al Registro Público de la Propiedad de Solidaridad colocar una alerta que advierta a los posibles compradores del fraccionamiento Adamar-Bahías de Solimán en Tulum sobre la ilegalidad en la que se está llevando a cabo la construcción de dicho proyecto.
Además, tras comprobarse que los desarrolladores del condominio iniciaron las obras sin permisos y no los tramitaron en el plazo indicado, aunque se les dio la oportunidad de hacerlo, la organización confía en que se procederá con la demolición, ya que la ley establece esta medida para casos como el actual.
El edificio de departamentos de lujo comenzó su construcción en noviembre de 2023 sin autorización en materia de Impacto Ambiental, sin la constancia de compatibilidad territorial del gobierno de Quintana Roo ni licencia de construcción municipal, según consta en las actas de inspección y la colocación de sellos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Antonella Vázquez, directora de DMAS, expresó que, tras las denuncias presentadas ante las autoridades federales, estatales y municipales, con pruebas claras de la falta de permisos, se interpusieron amparos debido a la falta de acción de las autoridades para detener las obras.
A pesar de las demandas y las clausuras impuestas, la empresa Desarrollo Tulum 16, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), representada por Daniel Briman, ha seguido con la construcción sin interrupciones, según el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo.
Además de las denuncias de DMAS, Profepa presentó otras dos denuncias penales y emitió una resolución que reconoce el grave daño ambiental causado. Sin embargo, la única acción tomada ha sido una multa de 400,000 pesos y una orden para restaurar la zona.
“Este caso muestra lo difícil que resulta aplicar las leyes vigentes en materia ambiental y urbana, especialmente cuando intervienen los tres niveles de gobierno, que, a pesar de la evidencia, la colocación de sellos de clausura y las órdenes judiciales, no han actuado para frenar la obra ni para evitar que este proyecto ilegal sea comercializado por corredores inmobiliarios certificados, como señala la ley estatal”, afirmó la activista.
Añadió que, por primera vez, se ha procedido con la inscripción de una alerta en el Registro Público de la Propiedad, pero consideró absurdo que, a pesar de ello, las autoridades de todos los niveles de gobierno no tomen medidas para evitar que este condominio continúe siendo comercializado, e incluso más preocupante, que siga siendo promocionado.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/estados/asociacion-civil-pide-demoler-desarrollo-inmobiliario-construyo-permisos-tulum-20250113-741785.html
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